Lamentó que cada día crece el individualismo como estilo de vida, el consumismo como ley suprema, el neoliberalismo con su economía de mercado, como una fábrica para producir excluidos sociales y los medios digitales y de comunicación social, que en vez de servir a la verdad y a los valores, muchas veces están al servicio del capital y ponen en peligro nuestra identidad y nuestras tradiciones.

El obispo Mejía Vallejo emitió las consideraciones al pronunciar el discurso central de la sexagésima segunda graduación ordinaria de la UNCE, celebrada el pasado sábado en el campus universitario de la comunidad de Los Arroyos, donde 350 nuevos profesionales recibieron sus títulos en diversas profesionales.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del polideportivo del centro docente, que precisamente fue inaugurado en su primera etapa, levantada a un costo superior a los RD$40 millones.

La invocación del acto y la bendición de las instalaciones del polideportivo, estuvieron a cargo de monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Macorís, mientras que la apertura estuvo a cargo del rector de la UCNE, reverendo padre Alfredo de la Cruz.

Castaños Guzmán afirmó que hay que poner en práctica el sistema de consecuencias porque es cuestionable que funcionarios que ni siquiera son de alta jerarquía desafíen al mandatario.

"Ahora, el presidente Medina lo que tiene es que botar, separar de la Administración (pública) a quienes han comenzado no siendo digno de ella, porque tú tienes que poner a funcionar los sistemas de consecuencias", precisó.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, Castaños Guzmán no comprende por qué le es tan difícil a una persona hacer su declaración patrimonial, que se supone si llega a la administración pública es una persona que desde la sociedad venía cumpliendo con su deberes.

"Más que un deber, es una obligación, porque es un mandato que impone la Ley de Declaración Jurada, esa es la realidad", apuntó.

El jurista manifestó que uno de los deberes que tienen los ciudadanos es pagar sus impuestos. "Parecería, no digo que es así, que quienes se resisten a hacer la declaración probablemente sea porque nunca declararon impuestos", apuntó.

Considera que una de las cosas que debe observar el Gobierno es ver si sus funcionarios venían pagando sus impuestos, por lo que valdría la pena que la Dirección General de Impuestos Internos solicite las declaraciones juradas que se están depositando en la Tesorería Nacional y vea si real y efectivamente estas personas han cumplido con sus responsabilidades frente al fisco.

Indicó que en cualquier país del mundo, incluyendo Haití, el funcionario que haga su declaración es susceptible, incluso, de ser traducido a la acción de la Justicia.

País fracasó en la implementación del Código al Menor

El vicepresidente ejecutivo de la Finjus consideró que el Estado fracasó con la implementación del Código del Menor, porque esa normativa establece un sistema, como la prevención, que nunca se ha cumplido.

"El Estado se dedicó única y exclusivamente a implementar todo lo que tiene que ver con la parte coercitiva, con lo que es la persecución, con lo que es la sanción y así no se puede", declaró el jurista.

Advirtió que si la razón para reformar la normativa era que aumentando la pena se va a resolver el problema de la criminalidad de los menores, la situación no es así, porque se trata de un asunto de salud pública, educación, espacio y capacitación.

Entiende que si la reforma de la legislación no se acompaña con una visión integral con el asunto de las condenas, no servirá para nada la modificación de la ley 136-03. Dijo que actualmente hay una población de 540 menores recluidos por delitos, por lo que presagia que de aquí al 2014 habrá 2,000 presidiarios.

Castaños Guzmán recordó que en la República Dominicana el 60% de los embarazos son de adolescentes, de menores sin padres, donde está el problema.

"O sea, los criminales no se regeneran porque se pasen 20 años en una cárcel, los criminales o los imputados o quienes resulten condenados se regeneran partiendo de las políticas públicas que los Estados diseñen para que situaciones como esas no se repitan", explicó.

Castaños Guzmán sostuvo que las penas no son ejemplos para la sociedad y citó que hay países, como los Estados Unidos, donde los Estados más violentos son donde existe la pena de muerte o la cadena perpetua como condena.

Comentó que parecería una corriente mundial, en donde todos los países comienzan a aumentar las penas "creyendo ellos que con el aumento de las penas van a resolver los problemas".